El
pasado viernes 18 de agosto, en la Ciudad de Guatemala y
organizado por el Ministerio de Minas y Energía de
Guatemala y el Banco Interamericano de Desarrollo, se llevó
a cabo una excelente reunión que revisó el
estado del arte de la tecnología de generación
de energía eléctrica con celdas fotovoltaicas
y sus aplicaciones en el contexto de Centroamérica
y, en general, del mundo en desarrollo.
Para
comenzar, se analizó el estado del arte de la tecnología
fotovoltaica y su evolución en los últimos
cincuenta años. Resalta en este sentido el hecho
de que es una tecnología que ha reducido consistentemente
de precio a lo largo de los años. Jerome Winegart,
un veterano promotor del uso de la tecnología en
zonas rurales que participó como panelista, recordaba
los años en los que el Watt instalado costaba 1,000
dólares. Hoy día el precio está entre
4 y 5 dólares por Watt-pico.
Esta
reducción--como refirió Leo Schrattenholzer
del International Institute for Applied Systems Analysis
(IIASA)—se la debemos a las poblaciones de países
como Estados Unidos, Japón y Alemania, donde se ha
puesto dinero de los impuestos para mejorar la tecnología
y hacerla accesible para ser utilizada en zonas marginales
del mundo (además, por supuesto, para aplicaciones
en condiciones de mayor desarrollo), resaltando la importancia
del desarrollo tecnológico para que esto sea posible.
Igualmente,
Rómulo Bisseti, representante de Kyocera—uno
de los más importantes fabricantes en el mundo de
estos equipos—anotó que la eficiencia de equipos
comerciales ya llega al 16% y que esto se ha logrado no
solo por mejorar la tecnología de conversión,
sino también mejorando las celdas al hacerlas más
delgadas (requiriendo menos material) y aprovechando al
máximo el área útil de los sistemas.
Aquí también—es este caso Vladimir Delegnau,
representante de Isofotón—recordó que,
cuando salió al mercado la tecnología en 1955,
su eficiencia era más de seis veces menor (3%).
Fue también el representante de Kyocera que refirió
datos sobre la situación actual del mercado, que
llegó a significar ventas por más de 1,400
MW en 2005. De este dato, a su vez, resaltan dos datos muy
significativos: (a) que Alemania—por sus programas
de incentivos—representa el 57% del mercado y (b)
que más del 80% de los equipos fueron instalados
con conexión a la red. Igualmente, refirió
la diminuta participación relativa que tiene Latinoamérica
como demandante de sistemas fotovoltaicos en el mundo (con
menos del 1% de la demanda mundial).
Otros
datos interesantes fueron la referencia a la escasez de
la materia prima predominante de las celdas fotovoltaicas
(el silicio) y las dos formas en la que afecta al precio.
Por un lado, al haber más demanda que oferta, la
materia prima se ha encarecido. Por otro lado, al no haber
suficiente materia prima, las fábricas funcionan
a menor capacidad y los costos de la amortización
de estas instalaciones que están esperando el silicio
son transferidos a los consumidores de la tecnología.
Se espera, sin embargo, que esta situación cambie
en menos de dos años y que la tendencia de reducción
de los precios de las celdas fotovoltaicas se recupere.
La
presentación central de la reunión (en mi
opinión) fue la de Jerome Weingart—quien, por
cierto, dio un lugar importante en sus argumentos al Dr.
Jorge Huacuz, reconocido experto mexicano en estos temas.
El habló de la tecnología como un elemento
para el desarrollo y anotó con mucho énfasis
que “la tecnología no es nada más el
equipo” sin que todo lo que acompaña a su utilización:
políticas, infraestructura de distribución
y mecanismos de financiamiento, entre otros. También
enfatizó que la tecnología fotovoltaica a
veces no es suficiente para proveer los servicios energéticos
en la forma y calidad que se necesita, sino que también
hay que considerar otras alternativas. Aquí, por
supuesto, refirió a otras alternativas a partir de
energías renovables (minihidráulica en particular)
y el uso de calentadores solares de agua. Igualmente, refirió
a las experiencias con empresas comunitarias de servicios
energéticos que se han establecido en zonas rurales
del mundo en desarrollo (dando ejemplos para India y África)
y puso sobre la mesa el concepto que, de alguna manera,
representa la vanguardia para llevar energía a zonas
rurales apartadas de la red: las empresas rurales de servicios
de infraestructura (RISE por sus siglas en inglés).
Dada
la importancia del concepto, vale la pena anotarlo con mayor
precisión. El hecho es que cualquier población
requiere de muchos servicios (entre ellos salud, comunicaciones
y educación) que tienen un alto costo para zonas
aisladas. Por lo mismo, verlos de manera asilada y con organizaciones
paralelas no es lo más económico y, por lo
mismo, una organización que integre estos servicios
puede ser la forma más efectiva, eficiente y económica
de proveerlos. Así, una empresa que opera un sistema
de servicios de energía y que mantiene un flujo de
materiales y recursos hacia y desde las comunidades puede
también movilizar, por ejemplo, vacunas (que son
mantenidas en los sistemas de refrigeración que se
operan con equipos de generación eléctrica
fotovltaica).
La
presentación que se realizó a continuación
mostró un ejemplo extraordinario en el contexto latinoamericano,
lo cual fue descrito por Aldo Fabris, colega argentino que
estuvo involucrado en el proyecto.
Aldo
nos refirió al proceso de reestructuración
del sector eléctrico argentino en donde, por ley,
se establecieron límites a la “obligación
de abastecer” para las empresas distribuidoras (que
es algo que se repite en los países donde ha habido
reformas del sector eléctrico) y que deja en manos
del estado amplias zonas del territorio ubicadas a una distancia
dada de la red (y de los planes de expansión de las
empresas privadas). En particular, Aldo nos refirió
a la Provincia de Jujuy en Argentina donde se da el servicio
a través de pequeñas empresas que cobran renta
por el uso de equipos. Aquí resulta sorprendente
saber que, con más de 5,000 usuarios, más
de la mitad utilizan sistemas fotovoltaicos para tener electricidad
y que ese porcentaje ha venido de menos a más en
los últimos años.
Sin
embargo, cuando se entró a la revisión de
programas en Centroamérica, nos encontramos con una
situación de contrastes. Por un lado, Arturo Solano
de la empresa Tecnosolar nos refirió a la situación
el El Salvador, donde sin apoyos gubernamentales y pagados
principalmente con remesas de familiares emigrados Estados
Unidos, se han pagado e instalado más de 3,000 sistemas.
Por
otro lado, Loyda Alonso de Soluz nos contó la historia
de un proyecto que está vivo en Honduras pero que
ha sufrido por los la falta de apoyo en políticas
públicas y por desastre naturales, en particular
el huracán Mitch. El proyecto Soluz—del cual
Loyda es Gerente General y que se origina en Estados Unidos
y tiene una réplica en República Dominicana—llegó
a atraer inversiones por cerca de 1.5 millones de dólares
americanos, a tener más de 5,000 clientes y a funcionar
apoyado en una estructura bien establecida de intermediarios
que operaban ventas y servicios. Los sistemas podían
ser instalados bajo tres modalidades: compra al contado,
compra con micro-crédito y como micro-renta.
Sin
embargo, el huracán Match afectó a la empresa
al posponer el desarrollo del proyecto y afectar la capacidad
de pago de muchos de los clientes. Igualmente, la extensión
de la red llevó a la cancelación de muchos
de los contratos. Esto lleva a reflexionar sobre la necesidad
de que estos proyectos estén en sintonía con
los planes del gobierno o de las empresas eléctricas
para no duplicar esfuerzos y recursos muchas veces escasos.
Loyda,
a su vez, anotó la importancia de algo que se resaltó
en varias presentaciones: que la instalación de estos
sistemas, para ser sustentable, requiere de manera fundamental
que los usuarios paguen cuando menos una parte de su costo.
La
verdad es que el evento fue un extraordinario repaso del
desarrollo de una tecnología que aprovecha energía
renovable y que tiene la posibilidad de contribuir a resolver
problemas de desarrollo en zonas rurales alejadas de la
red. Igualmente, se evidenció que, en este momento
y en el contexto de América Latina, lo que es necesario
desarrollar son modelos de negocios que tengan el apoyo
de políticas públicas que, cuando menos, le
den certidumbre a quienes desarrollan este mercado.
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