Como cada seis años y como colofón de una elección presidencial, México se apresta a replantear prioridades de políticas públicas, a enunciarlas en un plan de gobierno y a personificarlas en quienes trabajarán en el gabinete de Presidente Electo, en este caso Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
Estas definiciones estarán influenciadas por el contexto, la coyuntura y las propias capacidades de los miembros del equipo que tomará las riendas del gobierno federal a partir del primer día de diciembre. Por lo mismo, las variables que determinarán lo que finalmente se haga son muchas. Sin embargo, de manera general, se pueden establecer, muy esquemáticamente, las variables políticas, geopolíticas, ambientales y las propias energéticas.
Las variables políticas
Sin duda la variable política es la que mayor influencia tendrá en lo que sean los objetivos y metas del gobierno de Calderón, cuando menos en lo que la nueva administración logra establecerse.
Aquí, la sombra de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rondará, en poca o gran medida, sobre las propuestas de la nueva administración. Por lo mismo, pesarán las muy publicitadas promesas de AMLO sobre la reducción de precios de la energía a los usuarios finales, esto en la lógica de que una medida de este tipo iría en beneficio de la población más pobre. Esto creará presiones en dirección contraria a la posibilidad de redefinir la política de subsidios, en particular los que van orientados al sector doméstico y agropecuario (y a los que aportan los impuestos más de 60 mil millones de pesos al año).
En otro sentido, las presiones de AMLO pueden darse sobre los individuos que sean parte del gabinete al buscarle—como le hicieron al cuñado del propio Calderón—alguna actividad y/o relación a intereses que puedan tener una veta para la crítica ante la opinión pública. Por supuesto, el peso (y por lo tanto el impacto) de estas criticas estará en función de la capacidad (al parecer inagotable) de AMLO de ganar las notas principales de los medios de comunicación.
Igualmente, el posible extremismo nacionalista de la posición política de AMLO (y, otra vez, su capacidad para influir) puede complicar el que se lleven a cabo medidas que impliquen una mayor participación del sector privado en el desarrollo y operación de la infraestructura energética, lo que resultaría en serias dificultades para llevar adelante necesarios cambios en los terrenos de la exploración de petróleo y gas natural, en la generación de electricidad en general y en el aprovechamiento de energías renovables en gran escala.
Otra posibilidad es que, por ganar espacios de legitimidad entre quienes en algún momento hayan simpatizado con AMLO, Calderón lleve a cabo acciones poco elaboradas con alto impacto mediático y de popularidad. Esto, que puede ser muy útil para efectos políticos (que en este momento son inevitablemente necesarios para la administración entrante) puede ser un serio impedimento para acciones de fondo. En esta dirección está claramente también la posibilidad de hacer lo que sugería AMLO: bajar tarifas eléctricas. Esta sería una medida de evidente efecto popular, pero una decisión económica (con repercusiones ambientales) muy grave.
También están las necesidades de alianzas políticas para Calderón, lo que puede llevarlo—como se ha dicho en los medios—a dar espacios en el sector energético (PEMEX, CFE y LyF) para ganar aliados en el PRI y en propio PAN. Esto, en la práctica, puede llevar a que no se tenga a la gente con mayor capacidad técnica, sino, más bien, a quienes maximicen la fortaleza política de corto plazo de la nueva administración.
La variable geopolítica
Dentro del espacio de la política entran inevitablemente las consideraciones geopolíticas y hay varias dimensiones que influyen en un análisis de la situación energética de México en el contexto mundial.
En primer lugar está la relación con los Estados Unidos y la inevitable y necesaria integración energética y económica de México a Norteamérica. En esta dimensión están, por un lado, la ampliación de los mercados de energéticos, como lo son la exportación de petróleo a Estados Unidos y la importación a México de gas natural y refinados (gasolina y diesel). Por otro lado está la cuestión de los yacimientos en regiones compartidas (como el Golfo de México y en la frontera de ambos países) y que, por sus características geológicas, no están íntegramente en el territorio de uno u otro país y que requiere un cuidadoso manejo técnico y político.
En este sentido, la propia dinámica de los mercados y la economía norteamericana van a empujar a decisiones en tiempos que no estarán—parcial o totalmente—bajo control del gobierno mexicano.
En segundo lugar está la posición, más de ideología y geopolítica que de mercados, respecto de la relación con Venezuela. Aquí, por supuesto, se cruza la posición de influencia que puede tener México en la región, en particular en Centroamérica pero también en Latinoamérica en general y que puede ser estorbada o limitada por la las acciones (más que las palabras) de Hugo Chávez. Esta influencia, cabe añadir, tiene un efecto económico, ya que los productos y servicios mexicanos tienen un importante mercado en la región. Por lo mismo, el manejo de la Iniciativa Energética de Mesoamérica no debe ser descuidada aunque debe ampliarse más allá del apoyo a la licitación de una refinería.
Finalmente, por su importancia como productor y consumidor de energía, está el peso que México tiene en foros energéticos internacionales como la Agencia Internacional de Energía, la OPEP (donde, sin ser miembro, es observador), la Organización Latinoamericana de Energía, los espacios energéticos de APEC y la Convención de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, espacio donde pesa mucho la Comunidad Europa.
Aquí habrá dos líneas no precisamente coincidentes, que tendrán efecto en el mediano plazo del período de la administración de Calderón y que estarán sujetas a variables fuera del control no solo del gobierno mexicano sino del resto del mundo: el precio del petróleo y los efectos del cambio climático.
Por un lado y no considerando eventos que tengan el mismo efecto económico, existe la posibilidad de que los precios del petróleo inicien un descenso notable por la reducción de las presiones actuales sobre la oferta y por la entrada en operación de las capacidades de producción que se han estado ampliando por los altos precios del petróleo. Esta posibilidad, no necesariamente de corto plazo, implicará presiones al Gobierno de México para, como se hizo en los tiempos de Ernesto Zedillo, buscar una alianza con otros países productores, en particular por la altísima dependencia que se tiene de los ingresos petroleros.
Por otro lado, los crecientes efectos meteorológicos que tiene ya de manera evidente el país el Cambio Climático harán que México (en buena medida porque puede estar requiriendo recursos internacionales para adaptarse y enfrentar los efectos que se darán por su alta vulnerabilidad) requiera asumir políticas más activas hacia la mitigación de la emisión de gases de efecto de invernadero. Aquí, un evento hidrometeorológico significativo en las costas de México en las próximas semanas (no hay que olvidar que estamos en temporada de huracanes) pudiese aumentar la sensibilidad de la población sobre el Cambio Climático y sobre la necesidad de acciones de gobierno para enfrentarlo.
Así, la evolución del precio de petróleo y de los impactos del Cambio Climático podrán estar llevando a México a una posición de política energética que opere en sentidos opuestos. Esto, por supuesto, tiene que estar en las consideraciones de política del sector energía y de medio ambiente y en la forma en la que se articulen sin eliminarse mutuamente.
La variable energética per-se.
Finalmente, en la variable energética por sí misma se tienen varios aspectos a considerar y que, a su vez, tienen actores poderosos que buscarán influir para que sus intereses se vean favorecidos.
En primerísimo lugar está la falta de inversiones en exploración por parte de PEMEX y el hecho de que las reservas probadas de México alcancen apenas para poco más de diez años de producción a los actuales niveles. En este sentido, y como hace no mucho escuché del mismísimo director de PEMEX, los bajos niveles de gasto en exploración de petróleo en cuando menos veinte años han tenido como efecto que México esté sub-explorado de acuerdo a parámetros internacionales, lo que hace pensar que es posible una recuperación de reservas.
Sin embargo, además de que PEMEX dispone de recursos limitados para invertir porque buena parte de sus ingresos van al gasto público, los nuevos yacimientos parecen estar ubicados en profundidades donde sólo alianzas estratégicas con empresas privadas pueden permitir que se hagan con rapidez y con menor costo. Estos arreglos, por supuesto, tienen fuerte oposición de posiciones nacionalistas que buscan una pureza que ni los cubanos ni venezolanos tienen. Así, la cuestión aquí regresa al peso del “efecto AMLO” en la gestión gubernamental.
En segundo lugar se ubica la necesidad de reducir los riesgos de la poca diversificación de la canasta energética y, específicamente, el peso que ahora se le está dando a la opción nuclear para diversificar fuentes energéticas para la generación de electricidad. Así, parece quedar claro que hay una visión transexenal (lo cual es loable) que estaría dejando el terreno abonado para que la nueva administración para que la inversión (que seguramente sería pública de CFE) no encuentre oposición a la hora de buscarle presupuesto en el Congreso.
En este sentido, no parece que pueda haber en esto un “efecto AMLO” ya que será una obra—por su tamaño—de las que le gustan al excandidato de la Alianza por el Bien de Todos (aunque no había plantas nucleares en la lista de proyectos que manejó en su campaña). Sin embargo, el nuevo gobierno deberá tener el cuidado de no convertir esta opción en “LA” solución y dar espacio muy claro a otras alternativas muy evidentes y poco explotadas (como las energías renovables y la cogeneración privada) pero que no tienen el apoyo del “establishment” energético de México.
En tercer lugar anotaría a la actual capacidad excedente de generación eléctrica con la que transitoriamente dispone la CFE. Esta situación, que puede ser vista como positiva, tiene el efecto económico de una sobreinversión que se tiene que amortizar y que encarece el costo del servicio eléctrico y que se resolvería con un aumento de la demanda. En esta perspectiva, a la CFE como empresa no le conviene llevar adelante programas de ahorro de energía eléctrica, situación que no es necesariamente la que más le conviene al país.
Así visto, el interés de cuidar a la CFE puede llevar, como primera acción de gobierno, a “bajarle el switch” a los exitosos esfuerzos nacionales para ahorrar energía aún y cuando, muy evidentemente, estos programas pueden llevarse un buen pedazo (no todo, por supuesto) del crédito—o de la culpa, para aquellos que están en el negocio de la generación—de que la demanda eléctrica no ha crecido como se esperaba cuando se planearon las plantas que actualmente están entrando en operación.
Suponemos, evidentemente, que no está siendo considerado, aunque sabemos que siempre aparece alguien que solo tiene visión de corto plazo y que puede tener poder de influencia y decisión para aniquilar el esfuerzo de más de dos décadas en programas de ahorro de energía en México.
Un cuarto punto es el que se relaciona con la dependencia que ya tiene México de productos refinados de petróleo, en particular de las gasolinas. Este es un asunto que tiene muchas aristas ya que implica que México no está compitiendo y ganando en ese mercado, que tiene que subsidiar crecientes volúmenes de gasolina (en la medida de que el precio de la gasolina en México es menor al que se tiene que pagar para importarla) y que hay fuertes intereses internos para integrar etanol a la mezcla de las gasolinas (con la consiguiente resistencia de PEMEX y la Secretaría de Hacienda), entre otros.
En este terreno, habrá que ver cómo se balancean intereses de grupos dentro y fuera del sector petrolero y de las necesidades de corto y largo plazo para tener la mejor opción para el país. Aquí, evidentemente, está en la agenda inmediata la definición del Congreso sobre la ley de bioenergéticos, la cual ya cumplió un ciclo entre la Cámara de Diputados y el Senado y que tiene fuertísimo apoyo de los grandes grupos agroindustriales.
Un quinto y penúltimo punto se ubica en la Secretaría de Energía y su debilidad estructural ante las grandes empresas paraestatales. Esta condición lleva a plantear dos posibles escenarios. Uno, que se corra el riesgo de que predomine la necesidad de las alianzas políticas y se dé un puesto de gabinete sin influencia real (como sería la SENER en sus actuales condiciones) a algún aliado político, dejando para los “pesos pesados” las empresas paraestatales. Por el otro lado, puede haber un interés real en una transición energética con reformas de fondo y que, por lo mismo, se fortalezca institucionalmente y con recursos a la SENER y, además, se le ponga al frente alguien con demostrada capacidad de gestión técnica y política y claro y amplio respaldo presidencial.
Lo ideal en nuestra opinión es, evidentemente, lo segundo, esto aún y cuando implica mayor desgaste político no solo para la SENER sino para muchos actores políticos y económicos. Aquí cabe preguntarse si existe suficiente “capital político” en la nueva administración para entrar a un aventura con ese nivel de desgaste.
Finalmente queda el asunto de los subsidios a las tarifas eléctricas, el cual es un tema extremadamente politizado que, si se pudiera manejar adecuadamente, podría significar una fuente de recursos para invertir en medidas de ahorro de energía y de diversificación energética. Sin embargo, este es un tema preferido de gobernadores, presidentes municipales, diputados y senadores para ponerse medallas ante sus clientelas políticas, además de que, como ya referimos arriba, fue una de las promesas más repetidas de AMLO en la campaña presidencial y, por lo mismo, puede ser empujada a caer en el ámbito del “efecto AMLO”.
A manera de conclusión
En unas semanas habrá cambio de gobierno y cambio de gabinete. Muchas cosas pueden pasar en estos días que pondrán a sopesar a Calderón y su equipo de transición las medidas a tomar y las personas a las cuales encargarán diferentes misiones. Desde la fuerza del “efecto AMLO” hasta la posibilidad de un nuevo huracán en Cancún (o en Nueva Orleáns) habrá elementos que podrán mover las prioridades energéticas del nuevo gobierno en las semanas por venir y, por lo mismo, modificar el qué, el cómo y el quien.
Esperaríamos, sin embargo, que estos aspectos coyunturales no fuesen determinantes para transformar un sector energético que requiere de cambios tan grandes como los intereses que estarían en contra de esos cambios.
Ya veremos, pues.
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