Es un hecho irrefutable que un aumento a los precios de los energéticos, en particular de los combustibles para el transporte, es una medida impopular con efecto directo en las clases medias que tiene auto y con efecto indirecto en los más pobres (que no tienen auto).

Por lo mismo, este es un asunto que pone a los políticos y a los economistas muy nerviosos en México. Para los políticos, la posible pérdida de popularidad y de perder posibilidades para seguir compitiendo para puestos públicos es una preocupación mayor. Para los economistas (y, de paso, también los políticos) el temor del desajuste de las grandes variables económicas como la inflación y las tasas de interés les pone—con buenas razones—los “pelos de punta”.

Sin embargo, en México tenemos cuatro problemas fenomenales que tenemos que resolver a riesgo de que se “nos caiga el sistema”: la poca recaudación fiscal, la caída de la producción petrolera, la significativa y creciente importación de gasolina, y la gran dependencia del automóvil en la movilidad urbana.

Los hechos relativos a la producción petrolera y a las importaciones de gasolina son contundentes en el sentido de que algo se tiene que hacer.

En primer lugar, la producción petrolera de México está en descenso, a una tasa de cerca de 5% por año (Fig. 1). Esto significa que el volumen de petróleo que sirve para tener ingresos petroleros se reduce en cerca de 10% anual (por aquello de que la mitad de la producción se exporta) lo cual representaría cerca de 36 mil millones de pesos (vendidos a 60 US$ el barril).

Figura 1. Producción promedio diaria de petróleo de México Fuente: PEMEX

En segundo lugar, México importa ya 40% de la gasolina que consume (cerca de 350 mil barriles de gasolina la día—o 56 millones de litros diarios) (Fig. 2).

Figura 2. Producción nacional e importaciones de gasolina en México Fuente: PEMEX

A su vez, esta gasolina tiene que ser importada a un precio mayor al que se vende en México (Fig. 3).

Figura 3. Precios promedio anual de gasolina regular sin plomo en Norteamérica Fuente: Energy Information Agency

Suponiendo, de manera conservadora, que el diferencial de precio con respecto a Estados Unidos (que es de donde se importa la gasolina) es de 10%, esto quiere decir que se subsidian aproximadamente 0.07 U$/litro, lo que, multiplicado por 56 millones de litros diarios, nos da cerca de 14 mil millones de pesos al año.

Esto quiere decir que el gobierno mexicano tiene que tomar de lo que recolecta de impuestos cerca de 14 mil millones de pesos al año (considerando un diferencial de precio de 0.75 pesos por litro) para cubrir ese diferencial (y que sale de lo que se paga de impuestos).

Entonces, como quien dice, se deja de ingresar 36 mil millones por la caída de la producción petrolera y se regalan 14 mil millones por el diferencial de precios con Estados Unidos.

Ahora bien, si a esto le sumamos el hecho de que las proyecciones a diez años de la Secretaría de Energía muestran una expectativa de casi 50% de crecimiento de la demanda de combustibles para transporte, el asunto se vuelva crítico.

¿Qué va a pasar si seguimos subsidiando la gasolina y sigue aumentando la demanda? ¿Quién lo va a pagar?

Por supuesto, habrá quien argumente que el precio al que se compra la gasolina varía en el mismo sentido del precio al que se vende el petróleo, lo cual es cierto. Sin embargo, es una enorme pérdida de oportunidades ya que, en lugar de utilizar el dinero para, digamos, hacer más atractivo el transporte público, lo usamos para subsidiar, digamos, las gigantescas camionetas de los ricos mexicanos (que incluye, por supuesto, a más de un político).

Igualmente, no tenemos que perder de vista que al norte y al sur de nuestro país (Estados Unidos y Centroamérica) los precios de la gasolina no están controlados y quien tiene auto se ha enfrentado a un aumento de más de 50% en el precio de la gasolina en los últimos años (que ha llevado, entre otras cosas, a que se caiga la demanda de autos grandes y a que la gente deje de utilizar el auto para ir a la tienda de la esquina). En esos países, la gente se queja pero acepta el hecho de que la gasolina está sujeta a precios de mercado.

Sin embargo, en México domina la necesidad de popularidad de los políticos lo que lleva a políticas de costosísimos subsidios (como ocurre para la electricidad y como ahora ocurre para la gasolina), a gigantescas inversiones en vialidades para autos (como el Segundo Piso de López Obrador) y a permitir importaciones de cerca de 300,000 vehículos viejos (los “chocolates”) al año.

Y si a esto añadimos que México es un país que está comprometido con la lucha mundial contra el cambio climático (con posibilidades de tener que asumir compromisos en los próximos cinco años al terminar el período de compromisos por el Protocolo de Kioto), pues la necesidad de hacer algo se puede convertir en una obligación.

El hecho es que México enfrenta un enorme reto energético y ambiental que sólo se resolverá con políticas decididas y de largo plazo donde lo que se promueva sea el uso del transporte público y lo que se castigue sea el uso indiscriminado de los automóviles y, en particular, de los grandes y de los ineficientes.

En esa lógica, el aumento al precio de la gasolina es una medida que se tiene que tomar en la medida en que los que la consumimos debemos pagar su costo real y en la medida en que, si hay subsidio, que este sea al transporte público y a todo lo que nos facilite la movilidad no motorizada.

No hay de otra…

 

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