En los últimos días, a partir de opiniones mías sobre las empresas eléctricas del estado que fueron puestas en palabras mucho más duras de lo que realmente dije, he estado revisando mi opinión sobre el papel de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) (y, de paso, de Luz y Fuerza) en el desarrollo de las energías renovables y del ahorro de energía en México.

Debo decir aquí que la CFE, a la fecha, ha llevado a cabo una labor extraordinaria en lo que corresponde al ahorro de energía, llevando a cabo proyectos como la creación del FIPATERM (para financiar aislamiento térmico de casas en Mexicali); el proyecto ILUMEX (para promover lámparas ahorradoras en Guadalajara y Monterrey); y la creación del FIDE (con todo su gran universo de programas). Estas son acciones que ponen a la CFE en un liderazgo internacional entre empresas eléctricas públicas en países en desarrollo.

Sin embargo, las condiciones actuales del mercado eléctrico—con un sobrado margen de reserva de capacidad y altos costos de los combustibles fósiles—ponen a la empresa eléctrica nacional de México en una situación donde pierde cuando pierde demanda¹ y, por lo tanto, no le conviene que los usuarios busquen alternativas en el ahorro de energía y en el autoabastecimiento.

Así, cada proyecto de autoabastecimiento que entra en funcionamiento (sea de renovables o de diesel), cada refrigerador que se instala que consume 600 kWh al año menos que el que sustituye o cada lámpara ahorradora que reduce la demanda en el pico hacen que la CFE tenga menos ingresos en un contexto en el que tiene que cubrir crecientes costos fijos por la capacidad de sobra y por un pasivo laboral creciente, y porque las tarifas (en particular las de los sectores residencial y agrícola) no cubren los costos de producción y transporte de la electricidad.

En estas condiciones, el que la CFE no recupere lo que le cuesta lo que vende la lleva a buscar, para cumplir su función, recursos de algún lado. En México, estos recursos pueden venir de un aumento en las tarifas (como ocurrió en 2002) o vienen en forma de asignaciones del presupuesto federal (subisidios). Cualquiera de estas dos alternativas tiene implicaciones que no son agradables, porque la primera tiene un costo político-social negativo y porque la segunda lleva a la CFE a un forcejeo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (poco recomendable para cualquier funcionario en el gobierno federal).

En el fondo, y esto quiero resaltarlo, los funcionarios de la CFE están cuidando la economía de la empresa, que es lo que les corresponde hacer. Por lo mismo, corresponde a otros ayudarle a la empresa eléctrica nacional para que no le ponga freno a acciones que tienen beneficios para el país.

Curiosamente, si la CFE fuese una empresa privada, quienes la regulan (que en México es la SHCP, no la SENER) le estarían buscando dar los incentivos que hagan que la economía de la empresa no esté en riesgo, el cual es el caso de lo que se hace en los Estados Unidos.

En Estados Unidos, donde los monopolios eléctricos privados son regulados en los ámbitos estatales por comisiones específicas, se han desarrollado mecanismos para que el beneficio que a la sociedad representa el ahorro de energía vaya acompañado de algún tipo de incentivo a la empresa eléctrica.

De acuerdo a un informe del American Council for an Energy Efficient Economy (ACEE) publicado en Octubre del año pasado², hay tres preocupaciones financieras para las empresas eléctricas relativas a cubrir costos de programas de ahorro de energía:

(1) Asegurar la recuperación de los costos directos de los programas
(2) Enfrentar los incentivos negativos de “ingresos perdidos” que resultan de las mejoras en la eficiencia energética de los equipos de los usuarios
(3) Lograr que los accionistas de la empresa ganen porque los programas de ahorro de energía se lleven a cabo exitosamente.

En este contexto, la primera preocupación se resuelve con un aumento de las tarifas, ya sea explícitamente (con un cargo especial) o integrado en la tarifa global.

En México, los costos de los programas de la CFE (principalmente los diferenciales entre el costo del financiamiento a CFE y el que se cobra a los usuarios) se han cubierto con recursos propios (como el caso del orientado al aislamiento térmico en Mexicali), con recursos donados (el caso de ILUMEX), con un pequeño impuesto a los proveedores de la CFE (que fue como se creó el FIDE) o con un préstamo (como es el caso de los programas de incentivos del FIDE). En el fondo, todas estas acciones han tenido un costo para la CFE, aunque, en su momento, las medidas no tenían las mismas implicaciones que las que se tienen en el contexto actual.

Para la segunda preocupación (relativa a los “ingresos perdidos”) la forma de resolverlo es más compleja. Una de ellas ha sido que se les pague directamente a las empresas eléctricas lo que no han ganado. Esto es lo que, de alguna manera, hace la SHCP y el Congreso de la Unión cuando le dan presupuesto adicional a la CFE.

Es en la tercera preocupación la que ha dado lugar a los mecanismos más efectivos en Estados Unidos. De los mecanismos más comunes—aplicados por las comisiones reguladoras estatales—resaltan:

Estos mecanismos no parecen, sin embargo, ser aplicables para nuestro país no solo por el carácter estatal de las empresas, sino también del régimen por que se relacionan con la SHCP.

Parte del problema es que, casi sistemáticamente, no se han querido reconocer los impactos de los programas de ahorro de energía en su consumo en México, al grado que, en buena medida, el no tomar en cuenta sus posibles impactos en las prospectivas del sector eléctrico ha llevado a tener la capacidad de sobra que ahora impacta negativamente a la CFE.

En otras palabras, por muchos años se ha puesto en duda la efectividad los programas de ahorro de energía en México y a su principal institución (la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía) al grado de buscar su cierre en 2002, año en el que tuvo su mayor nivel de rentabilidad social. Sin embargo, no es gratuito que en la Estrategia Nacional de Cambio Climático, presentada por el Presidente de México, se ponga en primer lugar a la labor de la Conae con su trabajo en normas de eficiencia energética. Sin duda un reconocimiento a una labor discreta pero muy efectiva de más de 12 años de trabajo de un equipo muy profesional y comprometido.

En estas circunstancias, y ante la permanente necesidad de mejorar la eficiencia energética de México por razones de competitividad y ambientales, consideramos que lo que se debe hacer es que la SHCP, apoyada por la propia CFE y por la SENER, la CONAE y el FIDE, cuantifique los consumos evitados de los programas que se llevan a cabo en México y los reconozca para justificar posibles asignaciones presupuestales específicas y etiquetadas a resultados a la CFE, a Luz y Fuerza y a la propia CONAE. Igualmente, por supuesto, que pida programas y evaluación cuantitativa de resultados para disponer de estos recursos (lo cual no ocurre en la Conae desde 2004).

¿Y qué hacer con los proyectos de autoabastecimiento?

Para los proyectos de autoabastecimiento—permitidos por la ley—la situación es más delicada porque estos proyectos (incluyendo los que funcionan con energías renovables) se han ido estableciendo por condiciones particulares y favorables de las tarifas eléctricas, en particular las horarias y las de servicios de alumbrado público municipal.

Ahora bien, cuando los proyectos de autoabastecimiento han sido establecidos con sistemas convencionales (con plantas operadas con diesel, por ejemplo) los impedimentos técnicos de conexión a la red han sido pocos. Esto, pensamos, se debe a que las incertidumbres técnicas son relativamente menores y los técnicos de las empresas que los manejan pueden responder a cualquier cuestionamiento técnico de las empresas eléctricas.

Esto no ha sido el caso para los proyectos de autoabastecimiento de energías renovables (en particular los que operan con viento), donde lo inédito de su aplicación comercial en México y las incertidumbres técnicas asociadas a una fuente de energía variable e intermitente han permitido la discrecionalidad en las empresas eléctricas, las cuales tienen, más allá de la limitada autoridad de la SENER o de la Comisión Reguladora de Energía, la última palabra sobre esos aspectos.

Así, en un contexto donde la empresa pierde, no está en su interés apoyar este tipo de proyectos, llevando a que los proyectos de generación con energías renovables se ahoguen en procesos reconocidamente lentos.³

El asunto delicado, es que, como referimos arriba, los proyectos se justifican por las características de las tarifas eléctricas y éstas se han ido diseñando y modificando en respuesta a aspectos coyunturales. Además, la decisión de modificarlas está en manos, fundamentalmente, de la SHCP, la cual puede (como ya lo ha hecho) cambiarlas de un día a otro, lo cual es un ingrediente de enorme incertidumbre (y por lo tanto, un incentivo negativo) para quienes invierten en proyectos de autoabastecimiento.

Un problema latente se ubica en que la posibilidad de que la CFE y la SHCP coincidan en intereses para modificar las tarifas horarias, especialmente a la luz de presiones presupuestarias o de grupos del sector privado afectados por estas tarifas.

Aquí lo que corresponde es que la SENER y la CRE ponderen seriamente (y actúen en consecuencia dentro del Gobierno Federal) las implicaciones que puede tener una modificación de las tarifas horarias sobre los proyectos de autoabastecimiento, en particular las que operan con energías renovables y que se establecen con un contrato que tiene como uno de sus parámetros lo que cuesta la electricidad en distintos momentos del día.

En fin, que algunas de las acciones más importantes que actualmente se llevan a cabo para cumplir con las intenciones del recién presentada (por el propio Felipe Calderón) Estrategia de Cambio Climático de México no coinciden con los intereses de actores importantes en la administración pública. No resolverlas, además de volver letra muerta las loables intenciones del Presidente de México, nos va a llevar por un camino de falsas economías.

Así, más que pedir que “pongan en orden a la CFE” (como apuntó una audaz reportera del periódico Reforma), pediría a las entidades y dependencias federales que ayuden a su jefe a hacer realidad sus muy buenas intenciones. Nada más y nada menos.