AMLO
y el tema energético. ¿progresista o retrógrada?
Por Odón de Buen R.
De
los candidatos a la presidencia de México, Andrés
Manuel López Obrador es el que más énfasis
ha puesto en temas energéticos y lo ha hecho con
dos mensajes: mantener a las empresas energéticas
del estado en manos públicas y abaratar los energéticos.
Desde
una perspectiva tradicional de izquierda, la primera idea
es coherente. Históricamente, la izquierda ha confiado
en el ideal de la propiedad estatal como una forma de asegurar
que la extracción de la renta energética (para
un país productor como México) tenga como
destino el cubrir las necesidades más urgentes de
la población más pobre: educación,
vivienda y salud.
Sin
embargo, en un país con empresas estatales dominadas
por sindicatos muy poderosos y por burocracias muy aferradas
a sus posiciones y que tienen—los dos grupos—condiciones
laborales envidiables para la mayoría de la población,
un mayor control estatal solo puede fortalecer a esos intereses
y aumentar—por la lógica de las dinámicas
de las organizaciones—la ineficiencia en la operación
de las empresas.
Mi opinión
es que la competencia (aunque sea tímida en la forma
de productores independientes que le venden a CFE o de plantas
de autoabastecimiento eléctrico o de etanol para
las gasolinas) es necesaria ya que hace que quienes trabajan
en las empresas públicas cuiden su trabajo siendo
más productivos y cuiden la imagen de las empresas
donde trabajan. Por lo tanto, no es, en términos
prácticos, la mejor idea la de darle más poder
a esas burocracias. Más bien, lo que se requiere
es que tengan mucha más competencia de la que ahora
tienen.
Por
otro lado, existe el problema de que el sector energético,
en particular el del petróleo, requiere de grandes
inversiones, muchas de ellas en el campo de la exploración
para gas y petróleo. México ya tiene un serio
problema de declinación de reservas y las reservas
probadas dan para, apenas, poco más de diez años
de explotación. Aquí el problema está
en el hecho de que los recursos que PEMEX ha obtenido de
los altos precios del petróleo han servido muy bien
para mantener a las burocracias federales, estatales y municipales
pero muy mal para inversiones en exploración. Igualmente,
los campos que donde parecen estar los grandes recursos
son, principalmente, los de gran profundidad en el mar y
esto requiere de tecnología que no domina PEMEX y
que se obtiene con menor costo si hay asociaciones con las
empresas privadas que las dominan.
A su
vez, el gas natural (que es un tema que preocupa por igual
a la industria privada que a la CFE) solo puede bajar de
precio si se tiene producción nacional. Sin embargo,
para producir hay que explorar y la exploración de
gas natural es un proceso de prueba y error que requiere
de grandes inversiones, y PEMEX no tiene el dinero y su
experiencia de exploración se ubica en los campos
petroleros, no los del gas natural. Aquí también—como
se hace en Canadá, Cuba y Venezuela—lo más
recomendable es abrirle más espacio al sector privado.
Así,
la idea de un mayor control estatal del sector energético
y la renuncia a un papel mayor a la iniciativa privada (en
particular la internacional) es retrógrada y nos
puede salir mucho muy cara y, si AMLO gana y cumple su promesa,
México va a correr riesgos mucho mayores a los que
puede haber cuando se abren espacios a la iniciativa privada.
En cuanto
a la idea de reducir los precios de los energéticos,
pues esto es posible para unos y no para otros, ya que los
otros tendrán que pagar lo que unos no paguen. Es
claro que, en el caso de las tarifas eléctricas,
las tarifas de un conjunto dado de usuarios—como puede
ser el residencial—no tienen necesariamente que reflejar
sus costos de producción y entrega particulares a
ese conjunto. En la práctica, el costo total proveer
la energía eléctrica a todos los usuarios
es prorrateado entre usuarios y puede haber políticas
públicas que favorezcan a unos sobre otros. Así,
si así lo deciden quienes definen las tarifas (y
les permiten los usuarios afectados), lo que no pagan unos
se puede cargar a otro grupo de usuarios.
Por
lo pronto, sin embargo y de acuerdo a los datos de las propias
empresas eléctricas, lo que paga el conjunto de todos
los usuarios eléctricos en el país no cubre
los gastos que hacen las empresas eléctricas (incluyendo
las pensiones de un número creciente de jubilados)
hacen para proveer el servicio. Por lo mismo, si se pretende
subir las tarifas, pues a alguien se lo tendrán que
cobrar, en particular a otros usuarios o, si es a través
de transferencias del gobierno federal, a todos los que
religiosamente pagamos impuestos.
En este
sentido lo retrógrada no está en la idea de
bajar tarifas sino en la visión muy limitada de lo
que esto significa, en particular en un país donde
los subsidios sólo llevan al desperdicio de recursos
y a un mayor impacto ambiental.
Como
hemos referido en muchas ocasiones, una parte significativa
de los subsidios se utilizan para pagar desperdicio, es
decir, lo que consumen equipos ineficientes. En el sector
residencial, donde el gobierno federal le tiene que transferir
cerca de 50,000 millones de pesos al año a la CFE
y LyF para que cubran los gastos que no recuperan, una fracción
significativa de la energía se utiliza en casas mal
diseñadas que se calientan (por mal diseño
o por no tener aislamiento térmico) innecesariamente
y que usan equipos de segunda mano que sólo proveen
una fracción de lo que uno nuevo puede proveer. Igualmente,
en México se podrían cambiar cerca de diez
millones de refrigeradores y consumir hasta 30% menos por
casa.
Así,
el dinero de esos subsidios solo sirve, en términos
simples, para quemar petróleo innecesariamente, contaminar
el aire y contribuir al cambio climático. Hacer esto,
en tiempos donde el cuidado de los recursos no renovables
y el medio ambiente son prioridades de las sociedades modernas,
convierte a lo que propone AMLO en algo sumamente retrógrada.
Habría
que señalar que, además, los subsidios terminan,
en gran medida, beneficiando a quienes más tienen,
en particular en las regiones de clima cálido donde
los cambios de tarifas sólo favorecen a los que están
en los niveles altos de consumo.
Supongo
que AMLO y su equipo han de tener muchas ideas de cómo
resolver los problemas energéticos y es posible que
los tengan anotados en algún lado donde no me he
molestado en buscar. Éstas dos—que son las
dos de la propaganda al pueblo en general y que consisten
en mantener las empresas bajo control del estado y la disminuir
las tarifas—no van a resolver los problemas, solo
los van a aumentar.
Por
lo mismo, solo hay que recordar y entender que el propósito
de AMLO es ganar las elecciones y llegar al poder, no resolver
los problemas. Entendido así, solo espero que, si
gana, no cumpla esas promesas de campaña.
